LA SALUD EN ANTIOQUIA EN MOMENTOS DE PANDEMIA
Los organizaciones que suscriben este comunicado, obrando en representación de los sindicatos del sector salud agrupados en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), subdirectiva Antioquia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por la pandemia del covid-19, que ha provocado esta crisis social, económica, ambiental y sanitaria, nos pronunciamos para contribuir a la prevención y control de la propagación del virus en el Departamento y denunciar las falencias de nuestro sistema de salud que ha revelado la enorme fragilidad y disfunción del sistema general de seguridad social en salud, producto de la concepción de mercado y negocio que se ha instaurado con la Ley 100.
Ante la emergencia, los poderes absolutos con que viene legislando el presidente Duque, desconoce en la toma de decisiones al movimiento social y sindical, a los medianos y pequeños empresarios, mientras somete la nación a los designios de los grandes gremios económicos, el sector financiero y las multinacionales. Como lo expresara el Presidente nacional de la CUT, Diógenes Orjuela, “… el país y el mundo van a tener que cambiar cosas, incluso el neoliberalismo que impuso el sistema financiero internacional y las multinacionales. Ellos han puesto de primero sus ganancias y el resto del mundo no importaba… “. Se trata de revisar a fondo el sistema nacional de salud colocando como prioridad la inversión en salud. Colombia hasta ahora ha definido gastar cerca del 5% de su PIB en la emergencia mientras que Perú destina el 14%, EEUU el 10%, Alemania el 22%, por dar algunos ejemplos.
En la mayoría de los municipios de Antioquia los servicios de salud son atendidos por Empresas Sociales del Estado (ESE) en condiciones limitadas y donde es evidente la difícil situación por la que atraviesa el personal de la salud. Las 3 cuartas partes -75%- de los trabajadores laboran con contratos precarios, celebrados por intermedio de terceros que en muchos casos son “empresas de papel”, o por intermediación laboral como las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS). La mayoría sometidos a bajos salarios, incumplimiento en sus pagos, sin seguridad social por falta de pago de sus aportes y algunas veces tienen que comprar utensilios para sus oficios por su propia cuenta. Deficiencias del modelo de salud de Ley 100 que convirtió la salud en un negocio y que trae como consecuencia el no pago de las EPS a los hospitales, ocupadas en la plata que se pueden robar, inmersas en la corrupción y politiquería. Hoy, en medio de la crisis hospitalaria, exacerbada por la pandemia del coronavirus, Antioquia y la nación carecen de la capacidad instalada requerida para enfrentarla, sin los insumos que les permitan brindar atención adecuada a los usuarios. Mientras argumentan no disponer de recursos para adquirir elementos de protección, sobresalen los onerosos contratos con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), o con particulares que nunca se han visto en las instituciones hospitalarias.
La mayoría de los hospitales del Departamento son apenas de primer nivel y los recursos son focalizados a los de tercer y cuarto nivel en las grandes ciudades, a los que tampoco les alcanza el presupuesto para atender una gran cantidad de casos debido a su mayor población. ANTHOC, sindicato filial de la CUT, con presencia en 46 de los 125 municipios, denuncia que son numerosos los hospitales que no cuentan con infraestructura suficiente, ni los protocolos y elementos de protección adecuados para atender la pandemia. 100 hospitales públicos carecen de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de elementos de protección, transporte y capacitación necesarios.
Muchos de sus trabajadores se encuentran tercerizados, a otros les adeudan desde 1 hasta 16 meses de salario, horas extras, recargos, intereses a las cesantías de años anteriores, prima de navidad y otras primas, viáticos y bonificación por servicios prestados, dotaciones, acreencias convencionales, atrasos en el pago de seguridad social, retroactivos de aumentos salariales o negativa de su reconocimiento, incumplimiento a fallos de tutela y trabajadores que tienen un síndrome gripal fuerte son obligados a laborar normalmente. Situación que también padecen muchos de los trabajadores de la salud del sector privado por los malos manejos de las EPS e IPS como en los casos de Saludcoop, Medimas y Génesis, derivados del modelo de salud impuesto. El personal de la salud, más que héroes son víctimas.
Para atender la emergencia ocasionada por el coronavirus, es indispensable que se realice el giro inmediato de dineros públicos directamente a los hospitales y centros de salud de la red pública sin intermediación de las EPS. Estos deben ser invertidos en dotación de equipos, laboratorios, camas, UCIS, mantenimiento, higiene, seguridad, todo lo que garantice una atención adecuada de la población. Por falta de estos elementos van 360 trabajadores de la salud contagiados en el país, 5 médicos fallecidos y los auxiliares de enfermería con mayor riesgo por su contacto directo con los pacientes. Ya se presentan casos de renuncias en algunos municipios por falta de bioseguridad y garantías.
Es obligación del Estado a cargo del Ministerio de Salud, asumir la rectoría y control funcional de todo el sistema de salud público y privado. Para los trabajadores de la salud en general es urgente el pago inmediato de salarios, prestaciones atrasadas y mejoramiento de los mismos; formalización laboral de las plantas de personal, eliminando todas las formas de intermediación; en ningún caso se podrá desvincular a un trabajador sin que medie justa causa; dotación inmediata de los elementos de bioseguridad necesarios en cada uno de los niveles de atención y riesgo en todos los procesos y en especial con el covid-19; respeto a la autonomía profesional para el diagnóstico y toma de decisiones clínicas de pacientes sospechosos y confirmados de contagio; centralizar los recursos de las aseguradoras de riesgos (ARL) y entrega de los equipos de protección completos; adoptar medidas frente al sistema de aseguramiento que solvente el déficit que se viene generando en clínicas y hospitales por la suspensión de cirugías electivas y consulta externa no priorizada. Presentar de manera detallada con un enfoque diferencial y distribución territorial, el plan de dotación público y privado para hacer frente a la pandemia, considerando el requerimiento de recurso humano adicional, de acuerdo a las necesidades que arrojen las proyecciones epidemiológicas; establecer un testeo masivo con un sistema de seguimiento que debe reflejarse en las estadísticas oficiales y disponibles en líneas de consulta pública. Que se verifique la situación de seguridad de los trabajadores de salud en todo el territorio por parte de la Gobernación, Secretaría de Salud, personerías municipales y veedurías ciudadanas.
Exigimos al gobierno cambios profundos para que la política neoliberal no siga causando estragos y atención urgente a ésta problemática. El único muerto que queremos es la Ley 100. Para ello hacemos un llamado a todo el movimiento sindical y social, a contribuir en la conformación de un frente que recoja diversos sectores de la población afectados, con el fin de unificar pronunciamientos, reclamos, acciones de movilización y protesta, conducentes a luchar por una reforma estructural que elimine la intermediación financiera de las EPS, a través de una ley estatutaria donde será menester una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) que garantice los recursos y un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud.
